Valor añadido: el RIGI aportaría ventajas extra a empresas
Se ha emitido reglamento sobre el plan de inversiones.
Tras la aprobación de los estatutos, se publicarán este viernes.
Qué pueden esperar de los empresarios: Dependiendo de los resultados de este artículo, los incentivos pueden ampliarse
Bufetes de abogados que asesoran a las empresas más importantes del país están a la espera de la reglamentación del Sistema de Incentivos a la Gran Inversión (RIGI).
Según fuentes oficiales, el informe podría publicarse este viernes o principios de la próxima semana.
La letra pequeña será clave: podría proporcionar acceso a RIGI por al menos de 200 millones de dólares, incluir nuevas estructuras, plazos anticipados para los beneficios e incluso elegir un foro para el litigio.
Esto sigue a los comentarios de dos abogados que participaron en el borrador inicial pero que pidieron no ser identificados.
Según la ley, el monto mínimo de inversión debe ser de al menos 200 millones de dólares para poder disfrutar de todos los beneficios que ofrece RIGI. Para otras industrias, como la minería, el límite inferior puede ser mayor.
Pero dependiendo de la definición de la letra pequeña, puede haber algunas empresas que puedan invertir menos de 200 millones de dólares.
Vacíos y plazos del proyecto
La fuente puso el ejemplo de la creación de un parque eólico o solar, que podría implicar una inversión de 160 millones de dólares.
Sin embargo, las reglas pueden permitir que se incluyan múltiples proyectos en un solo vehículo de proyecto (SPV) si están físicamente muy cerca.
Lo más importante es cómo se definen los plazos del proyecto.
Si proyectos similares se ubican en áreas cercanas, existe la discreción legal de agruparlos.
Una misma empresa puede hacer grandes inversiones, pero las inversiones están más dispersas», comentó un abogado de uno de los principales despachos de abogados.
Este es un aspecto que se está abordando en el ámbito de las energías renovables.
Otra pregunta es cómo la regulación permitirá que más industrias se unan a RIGI.
La ley establece que las inversiones sólo podrán realizarse en silvicultura, turismo, infraestructura, minería, tecnología, acero, energía y petróleo y gas.
Sin embargo, algunas áreas, como la tecnología, son bastante amplias.
Las empresas automotrices se han comprometido a invertir más de 200 millones de dólares en terminales que les permitirán incorporar categorías tecnológicas al escenario de los vehículos eléctricos.
«Se puede ser mucho más generoso que el actual RIGI, porque los organismos encargados de hacer cumplir la ley tienen mucha discreción. Pero tampoco se puede exagerar, porque abrirá la puerta a procesar a personas marginadas e invocará la discreción», explicó.
Si bien las normas fueron elaboradas por varias áreas, incluido el presidente Javier Millais, su aplicación dependerá del Ministerio de Economía, actualmente encabezado por Luis Caputo.
Otra cuestión relacionada es el libre acceso a divisas, que puede flexibilizarse.
La ley estipula que estos dólares estarán disponibles gratuitamente para las empresas y exportadores que cumplan con RIGI: 20% en el primer año, 40% en el segundo año, 100% en el tercer año. Sin embargo, el inicio de este período puede variar dependiendo de la fecha concreta de inicio del proyecto.
El proyecto comienza con la construcción y operación, lo cual es diferente a iniciar una operación comercial.
«Si se retrasa al máximo la implementación de la VPU, el tiempo de espera para la obtención de divisas disminuirá desde el momento en que se inicia la exportación», explican.
Además, se espera que las normas aclaren los mecanismos de resolución de disputas.
Incluso en el caso de disputas internas, las empresas que cumplen con RIGI pueden, si lo desean, recurrir a tres tribunales internacionales.
Hay mucho lobby en estos días. Si bien el petróleo y el gas son una de las industrias que pueden incluirse, el segmento upstream, especialmente la producción de pozos, puede excluirse.
«La idea es que si perforas de todos modos, no obtendrás los beneficios», comentó un abogado.
Fuente: La Nación







