Las cuatro cadenas agroindustriales y una agenda de reformas
Las cuatro principales cadenas agroindustriales del país, Argentrigo, Asagir, Maizar y Acsoja, difundieron un diagnóstico actualizado sobre su impacto en la economía argentina durante el último año. Y además trazaron una hoja de ruta con propuestas para fortalecer la competitividad del sector. Las entidades subrayaron que la agroindustria volvió a consolidarse como uno de los motores productivos, laborales y exportadores del país. Pero advirtieron que para desplegar su potencial se requiere un marco institucional y económico más estable.
En 2024 la agroindustria aportó el 24% del PBI y tuvo un rol determinante en el comercio exterior. Explicó el 61%de las exportaciones nacionales, con un crecimiento del 25% respecto del año anterior, fuertemente afectado por la sequía. Dentro de ese universo, las cuatro cadenas nucleadas en el denominado bloque 4C representaron el 40% del total exportado.
Del monto global de US$ 79.000 millones exportados por la Argentina, US$ 48.370 millones correspondieron a la cadena agroindustrial. Las cuatro cadenas aportaron US$ 31.000 millones, con ingresos por derechos de exportación por US$ 5.900 millones. Cifra que representa el 90% de lo recaudado por ese concepto.
En los primeros diez meses de 2025, las exportaciones agroindustriales alcanzaron los US$ 41.817 millones. Y el sector espera que los dos meses restantes del año permitan superar holgadamente esa cifra. Las entidades también destacaron el peso del empleo. El 28% de los cuatro millones de puestos laborales directos del sector agroindustrial provienen de las cuatro cadenas. Lo que reafirma el carácter federal y el impacto social del complejo productivo.
Por su parte, la superficie agrícola permanece estancada, aunque con una leve tendencia de crecimiento en los últimos años. Si bien se observan avances en cultivos como girasol y trigo, en soja y maíz predomina la permutación de áreas. Para las cadenas, existe margen para crecer tanto en superficie como en rendimiento. Aunque las brechas tecnológicas siguen condicionadas por limitaciones económicas y estructurales.
“Somos fuente de actividad económica y empleo, y con nuestro papel exportador generamos las divisas fundamentales para el país, pero no alcanza”, plantearon las entidades. Mientras que remarcaron la responsabilidad del sector para proponer y actuar en función del potencial productivo nacional.
Las cadenas también reivindicaron el rol articulador del sector agroindustrial y el trabajo conjunto para elaborar propuestas técnicas y económicas. En colaboración con instituciones como la Fundación Barbechando y el Espacio Legislativo Interpartidario del Agro. Reivindicaron además el diálogo con la Secretaría de Agricultura y propusieron retomar mesas de trabajo con objetivos concretos entre el sector público y privado.
Las entidades remarcaron que la ciudadanía ratificó en las elecciones un rumbo que acompaña los planteos que vienen realizando desde hace años. Austeridad fiscal, equilibrio de las cuentas públicas, baja del gasto, desregulaciones y reducción de impuestos. En esa línea, solicitaron que estas señales también sean tomadas por los gobiernos provinciales y municipales para avanzar hacia un país más competitivo.
Entre los factores que, a su criterio, frenan la expansión del sector, destacaron a los derechos de exportación como el principal condicionante. Si bien valoraron la reducción aplicada en enero y setiembre, reclamaron un sendero previsible y progresivo que permita planificar inversiones. “Solicitamos previsibilidad que evite los imprevistos y permita actuar con herramientas comerciales que incentiven la inversión”.
Las cadenas presentaron una batería de iniciativas que, aseguran, no son demandas sectoriales. Sino condiciones básicas para generar oportunidades económicas para el país. Una feforma fiscal que deje de castigar la producción y promueva la inversión, la innovación y el arraigo, con incentivos tanto para grandes proyectos como para pymes. También un plan de infraestructura que incluya caminos rurales, rutas, hidrovía a 40 pies con estudios ambientales correspondientes. Así como mejora ferroviaria con acceso abierto y tarifas competitivas, y fortalecimiento de la conectividad y energía.
Además, modernización de las normas laborales que reconozca las dinámicas del trabajo agroindustrial y fomente la formalidad. Una actualización de la ley de semillas que proteja la propiedad intelectual y facilite la inversión en mejoramiento genético y biotecnología. Una nueva ley de biocombustibles con mayores niveles de corte y un esquema de libre mercado. El avance en una ley de presupuestos mínimos para la aplicación de fitosanitarios, con criterios consensuados por la Red BPA. Normativas para fomentar el uso de fertilizantes ante la pérdida de nutrientes y la caída de la calidad de los suelos. Y la creación de un seguro multirriesgo agropecuario con participación estatal, similar al que existe en países competidores, para dar previsibilidad frente a sequías e inundaciones.
