Comerciantes piden la intervención de la CAME
La Confederación Federal Pyme Argentina pidió la intervención la CAME por el manejo de los millonarios fondos que recaudaban por aportes obligatorios.
A esto se suman las escandalosas condenas en la Justicia por acoso laboral y trabajo en negro contra el actual presidente, Alfredo Gonzalez.
El pedido de intervención a la CAME llega luego de que el Gobierno volvió voluntario el aporte por “capacitación” que antes era obligatorio para los comercios.
La medida de Gobierno desató un revuelo en el sector mercantil.
Y es que desde el 2008, los comerciantes deben pagar un aporte mensual obligatorio por “capacitación” por cada empleado.
Esto, aunque no se capaciten nunca.
Lo que representa una recaudación mensual de más de $ 5.600 millones y $ 70.000 millones al año.
Pero no hay rendición de cuentas públicas de qué se hace por año con esos fondos que administran los gremios empresarios.
Como es el caso de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
La contribución “obligatoria”, por parte del empleador va al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Ibacap).
Esta alcanza a 1,2 millones de trabajadores.
En marzo la cuota se incrementará a $ 4.725,02 por cada trabajador, porque se homologó en el convenio mercantil.
Esto involucra el 0,50% del salario para la categoría Maestranza “A” inicial.
Es decir que se incrementa con cada paritaria y hay que pagarlo aunque los empleados no se capaciten nunca.
El presidente de la Confederación Federal Pyme Argentina, Mauro González, indicó que ya hay denuncias ante el Gobierno.
Estas denuncias son para que se investigue qué se hizo con estos fondos.
Ya que por ejemplo, “CAME inauguró un showroom en Brasil, y queremos saber si se utilizaron los fondos que debían ir para capacitación”.
También pidieron investigar la representación real de las cámaras que reciben esos fondos para «capacitar».
Ya que hay sospechas de que existiría una «ingeniería de sellos de goma» que dicen representar a comercios, emprendedores, jóvenes o mujeres empresarias de calles, avenidas o regiones y ni siquiera son empresarios o no tienen impacto real que justifiquen el desvío de fondos.
«Se expusieron casos concretos», sostuvo González que anticipó que la denuncia la radicaron cámaras socias de CAME.
«La falta de transparencia y rendición de cuentas públicas del Inacap, es más que notable”.
“No hay forma, como comerciante obligado a aportar mensualmente, de acceder públicamente a esta información”.
“Tampoco como cámara empresaria socia saber qué montos y a qué entidades se le envían fondos, porque es discrecional», sostuvo Gonzalez.
