La intención de siembra se recupera, pero el campo espera definiciones
Las primeras intenciones de siembra de la campaña fina muestran un fuerte repunte para el ciclo 2025/26. Como indicó la Encuesta SEA CREA de marzo, se alcanzó el mayor nivel desde 2012. Con un 33% de participación en el plan de siembra, resultado que responde principalmente a la buena situación climática al momento de efectuar el relevamiento.
Sin embargo, los excesos hídricos que se registraron desde entonces y el nivel de precios vigente son obstáculos relevantes para que tales intenciones se materialicen. En efecto, es necesario mejorar la ecuación económica y ofrecer certezas, afirmó el análisis de CREA. Que permitan planificar y decidir los portfolios productivos y de negocios, principalmente a través de la eliminación de los derechos de exportación (DDEE).
En este marco, el Gobierno continúa avanzando con el programa de estabilización de la economía local. Y desde 2024 logró sanear las cuentas fiscales, reorientar el crédito hacia el sector privado, reducir substancialmente la tasa de inflación. Así como eliminar las distorsiones que se generaron por una brecha cambiaria superior al 100% en 2023. Se trata de avances importantes para el país en general, y para el sector agropecuario en particular. Sin embargo, en el corto plazo se generan tensiones. Debido a que la normalización macroeconómica fue mucho más rápida que los cambios particulares necesarios en la política agropecuaria.
Más en detalle, la actual administración tomó medidas positivas. Eliminó las restricciones cuantitativas a las exportaciones, el impuesto PAIS y promovió la apertura comercial para bajar los precios. Estos precios que paga el sector por los insumos y los bienes de capital son muy elevados en la comparación internacional. Sin embargo, todavía permanecen vigentes los DDEE. Son la principal política discriminatoria que enfrenta la producción agropecuaria. Implican una carga adicional respecto de la ya elevada presión tributaria de la economía argentina. Incluso, mientras que el gravamen se eliminó para los productos industriales, a partir de julio tendría su fin la baja transitoria que se implementó en enero para los granos.
En particular, si se hace foco en los cultivos de la campaña fina (trigo y cebada), hay una suma de factores que vuelven urgente eliminar el gravamen. Replicando así la medida que se adoptó para la industria. Por un lado, el anclaje del tipo de cambio, habitual en los planes para bajar la inflación, llevó a que su competitividad se encuentre en línea con la vigente en los años 90. Uno de los momentos más bajos de la serie en términos históricos.
A su vez, los precios internacionales vienen cayendo desde los máximos alcanzados en los meses subsiguientes a la invasión de Rusia a Ucrania. Y hoy están apenas un 7,5% por encima en términos reales de los valores vigentes entre 1998 y el 2000. Cuando un ciclo de crisis internacionales y la baja de los precios de las commodities el marco de la rigidez de la convertibilidad potenciaron las dificultades macroeconómicas y sectoriales.
Así, si bien los DDEE constituyen siempre un gravamen sumamente distorsivo y dañino para la actividad, sus efectos negativos se tornan hoy insostenibles. Dado que no existe una coyuntura de dólar o de precios internacionales elevados que permita mitigarlos. En estas condiciones, los resultados que se proyectaron comprometen la viabilidad económica del trigo y la cebada en buena parte del área productiva.
Los DDEE también ocasionan pérdidas a nivel sectorial y nacional. Al romper la relación existente entre granos que se cobran al valor internacional menos retenciones, insumos y productos, que se pagan a su valor internacional. O que incluso tienen sobrecostos respecto de los países competidores. De esta manera, de cualquier inversión que se realice en insumos, tecnologías o procesos para aumentar la producción, el estado se llevará, independientemente del resultado, entre el 12% y el 33% del grano adicional producido. Disminuyendo fuertemente el atractivo de los proyectos.
Invertir es caro en términos de granos, que son la moneda del empresario agrícola. Se trata de un aspecto especialmente relevante para el trigo y cebada. Donde, en promedio, el 38% y el 43% de los costos totales se compone de fertilizantes. Y donde la nutrición del cultivo es fundamental a la hora de determinar no solo el rinde, sino la propia sostenibilidad de los sistemas productivos del país.
