La adecuación de la Ley de Glaciares no desprotege sino fortalece
El debate parlamentario sobre el proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares no debe leerse como un retroceso en la protección ambiental. Sino como una oportunidad para fortalecerla a partir de reglas más claras, previsibles y coherentes con el esquema federal establecido por la Constitución. Así lo afirmó el Instituto Argentino de Derecho para la Minería (Iadem) que remarcó que la iniciativa en discusión apunta a mejorar la eficacia de la tutela de los glaciares y de las geoformas periglaciares con función hídrica. Al tiempo que brinda certidumbre jurídica tanto a las autoridades de aplicación como a las inversiones productivas de largo plazo.
Iadem consideró que “la legislación vigente presenta definiciones imprecisas que, en la práctica, derivaron en interpretaciones dispares y conflictos de competencia entre jurisdicciones. Esa ambigüedad normativa genera un escenario de incertidumbre que termina debilitando la propia protección ambiental. Un derecho ambiental efectivo requiere normas claras y precisas, capaces de aplicarse de manera uniforme y previsible en el 100% del territorio nacional. Sin por ello reducir los niveles de tutela existentes”.
El Instituto enfatizó que la Constitución otorga al Congreso la facultad de dictar presupuestos mínimos de protección ambiental. Pero recordó que esa atribución debe ejercerse de manera armónica con el artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Desde esa perspectiva, destacó que la participación activa de las provincias prevista en el proyecto de adecuación no contradice el esquema de presupuestos mínimos. Sino que lo fortalece al incorporar el conocimiento técnico y territorial de las autoridades locales en la gestión y protección de los glaciares .
El Iadem subrayó que involucrar a las provincias no implica habilitar decisiones discrecionales ni apartadas del ordenamiento jurídico federal. Por el contrario, remarcaron que el ejercicio del dominio originario debe ajustarse a los presupuestos mínimos ambientales y a la normativa dictada por el Congreso. Evitando así restricciones irrazonables que frustren políticas públicas orientadas a una explotación racional de los recursos naturales en función del interés general. En este marco, la adecuación normativa permitiría reducir conflictos, mejorar la coordinación interjurisdiccional y generar condiciones de mayor previsibilidad. Un factor clave para proyectos que suelen involucrar inversiones de largo plazo por montos que, en muchos casos, superan ampliamente los dólares previstos inicialmente por los operadores del sector.
En su conclusión, el Instituto afirmó que la sanción del proyecto resulta imprescindible para superar las ambigüedades del régimen actual. Así como para reforzar la protección efectiva de los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos y consolidar un federalismo ambiental de concertación. “Lejos de contraponer desarrollo y ambiente, o Nación y provincias, el desafío planteado consiste en articular ambos planos de manera coherente. Con reglas claras que fortalezcan la tutela ambiental y aporten certidumbre jurídica. Un objetivo que vale tanto para el sector público como para el privado, más allá de cualquier discusión económica expresada en pesos o en términos de impacto fiscal”.
