Fuertes recortes en áreas sociales contiene el Presupuesto 2026
El proyecto de Presupuesto 2026 que el Gobierno envió al Congreso, plantea un escenario de crecimiento económico sostenido, baja inflación y equilibrio fiscal. Sin embargo, el análisis que realizó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que las proyecciones oficiales resultan excesivamente optimistas. Y que detrás del relato de austeridad se esconden fuertes recortes en áreas estratégicas como educación, ciencia, salud, desarrollo social y transferencias a las provincias.
El Gobierno estima que la economía crecerá 5,4% en 2025 y 5% en 2026, con una trayectoria similar hasta 2028. Estas cifras superan las proyecciones privadas, que ubican el crecimiento de 2025 en torno al 3,6%. El motor previsto sería la inversión y las exportaciones, que deberían alcanzar un récord histórico de US$ 112.695 millones en 2026.
En materia inflacionaria, el Presupuesto proyecta un proceso de desinflación acelerado: 24,5% en 2025, 10,1% en 2026 y menos de 6% en 2027. En línea con un esquema de tipo de cambio atrasado. La pauta oficial prevé un dólar a $ 1.325 en diciembre de 2025 y $ 1.423 en diciembre de 2026, por debajo de las estimaciones del mercado.
Uno de los ejes del proyecto es la llamada “regla fiscal”: el Presupuesto no podrá ser deficitario. Y si cae la recaudación, el Gobierno ajustará partidas discrecionales, incluyendo salud y educación, para mantener el equilibrio. Con esta cláusula, el Ejecutivo busca enviar una señal de solvencia a los acreedores y al FMI, aunque la sustentabilidad del esquema está en discusión.
El superávit primario proyectado es de 1,5% del PBI y el financiero de 0,3%. Aunque el cálculo se ve favorecido por la capitalización de intereses de la deuda en pesos, una metodología cuestionada incluso por el FMI.
Uno de los puntos más sensibles es la reducción de recursos hacia las provincias. Según CEPA, las transferencias caerán en términos reales 39,1% respecto de 2024 y 36,7% frente a 2025. Lo que anticipa tensiones políticas con los gobernadores.
En paralelo, el Presupuesto contiene fuertes recortes en áreas sociales clave, como educación y cultura, donde las partidas caen 48% respecto a 2023. Las universidades nacionales sufren una nueva merma, profundizando la crisis. También en ciencia y tecnología. El Conicet pierde 5,4% interanual y acumula un recorte del 40% desde 2023. Mientras que otros organismos como el INTA, INTI y Conae registran caídas de entre 45% y 60%.
Por su parte, en salud y desarrollo social, programas como la Prestación Alimentar y los Comedores Comunitarios retroceden hasta 45% acumulado. Mientras que los hospitales nacionales muestran recortes interanuales de entre 1% y 6%. Y la Agencia Nacional de Discapacidad pierde 7,3% interanual y 27% desde 2023.
El Presupuesto también introduce modificaciones de fondo. Como el artículo 30 que elimina la garantía de inversión en educación (6% del PBI), ciencia y tecnología (1% del PBI), y el Fondef para defensa. También el artículo 72 recorta el Régimen de Zona Fría, afectando a miles de hogares y entidades sociales en regiones con bajas temperaturas. Asimismo el artículo 73 deroga la movilidad automática de asignaciones familiares y AUH, dejando los aumentos a discreción del Ejecutivo. Y el artículo 55 habilita canjes de deuda sin cumplir los criterios de mejora de plazo, monto o tasa establecidos por la Ley de Administración Financiera.
El debate parlamentario se anticipa complejo. En caso de rechazo, el Ejecutivo podría prorrogar el presupuesto de 2023, lo que le daría margen para reasignar partidas discrecionalmente. Y a la vez reforzar el discurso de que “la casta” obstaculiza la gestión.
El informe de CEPA concluye que el Presupuesto 2026 se apoya en supuestos económicos poco realistas y en una estrategia de ajuste regresivo. El “blindaje fiscal” prometido se sostiene a costa de fuertes recortes en derechos sociales, inversión en conocimiento y recursos para las provincias. Lo que abre interrogantes sobre la viabilidad política y social del programa.
