El RIGI, un año después: promesas incumplidas
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) cumple un año de vigencia con resultados muy por debajo de lo prometido. Se aprobó en 2024 como una de las apuestas centrales del Gobierno para atraer capitales Entre anuncios incumplidos, proyectos ya existentes y críticas por su sesgo extractivo, el balance es poco alentador. Así concluyó un análisis de la Fundación Encuentro.
El 8 de julio de 2024 el Congreso sancionó la Ley Bases 27.742, que incluyó la creación del RIGI. Un esquema que ofrecía beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a inversiones superiores a los US$ 200 millones. En sectores estratégicos como forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.
El discurso oficial destacaba tres objetivos centrales: impulsar el desarrollo económico, generar empleo de calidad y expandir las exportaciones. El ministro de Economía, Luis Caputo, llegó a afirmar que los anuncios vinculados al régimen superarían los US$ 50.000 millones, con un fuerte peso en el sector energético.
Sin embargo, los números duros muestran una realidad muy distinta: a un año de la sanción del RIGI, apenas se aprobaron proyectos por US$ 8.573 millones. Equivalentes al 17,1% de lo prometido. Y si se consideran solamente las iniciativas nuevas que surgieron después del RIGI, el volumen de inversiones captadas equivale al 0,5% de lo proyectado.
De acuerdo al relevamiento, hasta agosto de este año se aprobaron apenas siete proyectos en el marco del RIGI. De los cuales seis ya estaban en marcha o habían sido anunciados previamente. Parque Solar El Quemado (Mendoza, YPF Luz), con una inversión de US$ 204,5 millones. El proyecto se encontraba en desarrollo antes del RIGI, con obras iniciadas en 2023. Oleoducto Vaca Muerta Sur (YPF y socios), con una inversión US$ 2.486 millones en dos etapas. Se anunció en 2022 y está en ejecución desde 2023.
También figura la planta de GNL “Southern” (PAE y Golar LNG) por US$ 2.825 millones, con horizonte de inversión hasta 2035. El acuerdo de joint venture se firmó antes de la sanción del régimen. Expansión del proyecto de litio Rincón (Rio Tinto, Salta) por US$ 2.299 millones. Iniciativa ya planificada desde la compra del yacimiento en 2021. Nueva acería de Sidersa (San Nicolás) por US$ 286 millones. Aunque se presenta como ejemplo industrial del RIGI, la empresa inició gestiones de financiamiento en 2023.
Asimismo, está el proyecto de litio Hombre Muerto Oeste (Galán Lithium, Catamarca) por US$ 217 millones. La firma australiana ya contaba con plantas piloto y contratos de venta firmados antes de la ley. Y el Parque Eólico Olavarría (PCR y Acindar, Buenos Aires) por US$ 255 millones. Es el único caso en el que el RIGI parece haber influido en la escala del proyecto.
La principal crítica al RIGI es que, lejos de atraer nuevas inversiones, terminó otorgando beneficios extraordinarios a proyectos que de todos modos se hubieran realizado. Según el informe, se trató de un mecanismo que subsidió a grandes compañías, en su mayoría vinculadas a los sectores extractivos, sin generar empleo adicional ni promover la industrialización.
Otro punto cuestionado es la falta de diversificación. De los ocho sectores estratégicos mencionados en la ley, solo hubo proyectos en cuatro (energía, petróleo y gas, minería y siderurgia). Áreas como el turismo, la forestoindustria y la tecnología quedaron completamente ausentes.
En el plano macroeconómico, tampoco se verificó el supuesto impacto positivo en la balanza comercial. Ninguno de los proyectos aprobados entró aún en operación y el flujo de inversión extranjera directa en 2025 sigue siendo débil o negativo. En la primera parte del año se registró una salida neta de capitales por US$ 1.679 millones, uno de los peores desempeños en décadas.
La conclusión de los analistas es clara. El RIGI no cumplió con las expectativas que lo rodeaban. En lugar de convertirse en un motor de desarrollo, consolidó un modelo extractivo que favorece a un puñado de grandes empresas. “Lo que falta no son proyectos ni potencial productivo, sino políticas públicas que prioricen el desarrollo local, la generación de empleo y la industrialización”. El único caso que muestra cierta adicionalidad es el parque eólico de Olavarría, pero representa apenas el 0,5% del volumen de inversiones prometidas por el Gobierno.
La experiencia del RIGI abre una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo que necesita Argentina. ¿Conviene seguir apostando a un esquema de beneficios fiscales y cambiarios para grandes corporaciones? ¿O es necesario diseñar incentivos con mayores exigencias de valor agregado, encadenamientos productivos y transferencia tecnológica?
Lo que parece claro es que el país no está condenado a la reprimarización. Con políticas más transparentes y orientadas a las mayorías, Argentina puede transformar su potencial en inversión real, industrialización y progreso social. El desafío será construir un marco normativo que promueva verdaderamente un desarrollo inclusivo y sostenible, en lugar de profundizar los privilegios de pocos.
