El ajuste de la obra pública es ahorro fiscal hoy pero riesgo para el crecimiento mañana

El ajuste de la obra pública es ahorro fiscal hoy pero riesgo para el crecimiento mañana

El ajuste del Estado en obra pública no solo ordenó las cuentas fiscales, también reabrió preguntas sobre el crecimiento, la productividad, las desigualdades territoriales. Como también de las condiciones estructurales de desarrollo. Así lo advirtió el informe semanal de la Gerencia de Estudios Económicos de Banco Provincia.

El análisis parte de una premisa compartida incluso entre corrientes económicas divergentes. Reducir los desequilibrios fiscales persistentes es necesario para moderar tensiones inflacionarias y estabilizar precios. Pero detrás de los números aparece otra dimensión: no todo recorte genera los mismos efectos. Dentro del gasto público, las inversiones en infraestructura suelen presentar los mayores multiplicadores económicos. Es decir, cada peso que se asigna a esta partida, tiende a generar impactos superiores sobre actividad, productividad y expansión futura del producto.

Entre 2023 y 2025 la inversión pública nacional cayó casi 80%, pasando del 1,6%  al 0,3% del PBI. Se trata del nivel más bajo de los últimos veinte años, equivalente al piso registrado en 2002. Según estimaciones del FMI, el ajuste de un punto del PIB en obra pública puede implicar hasta tres puntos de menor crecimiento potencial. El mismo organismo sostiene que incrementar estas inversiones puede elevar la productividad total de factores hasta un 12%. Por su parte, estudios de la Cepal concluyen que en contexto recesivo el multiplicador de la inversión pública se acerca a 1,3. Lo que implica efectos más que proporcionales sobre el producto.

El documento también observó la dinámica consolidada entre Nación y provincias. Mientras entre 2016 y 2019 el gasto de capital total promedió el 3,2% del PIB, cayó a 2,9% en 2020-2023 y descendió a 1,9% en 2024. La novedad fue un giro en la composición. Históricamente las provincias explicaban la mitad de la inversión total, pero en 2024 su participación escaló al 80%. El repliegue del Estado nacional dejó a los gobiernos subnacionales cargando casi en soledad con la continuidad de la infraestructura.

El retiro nacional de la escena de obra pública amplificó inequidades preexistentes. La coparticipación federal, aún basada en criterios discrecionales heredados de una emergencia de finales de los años ochenta, asigna recursos con profundas distorsiones. La Provincia de Buenos Aires, con mayor densidad poblacional y actividad económica, es paradójicamente la que recibe menos fondos per cápita. Aunque concentra cerca del 20% del gasto de capital provincial total, su inversión medida por habitante apenas iguala el promedio. En un esquema donde cada jurisdicción depende de su propia solvencia, aquellas con menos recursos ven deteriorada su competitividad. Limitando así la capacidad de equilibrar las asimetrías de desarrollo.

La participación público-privada se presentó como una alternativa capaz de sostener la infraestructura sin expansión del gasto público. Sin embargo, el informe advierte que esa expectativa no parece realista bajo las condiciones actuales de financiamiento. La experiencia argentina muestra límites. En 2019, el año de mayor despliegue, los proyectos PPP apenas alcanzaron el 0,2 % del PBI. A nivel internacional solo economías como Perú lograron llegar al 1,4%. Con un riesgo país elevado, los flujos futuros de proyectos se desvalorizan y se desincentiva el financiamiento. En consecuencia, el sector privado puede complementar, pero difícilmente suplir el rol estatal en magnitudes decisivas.

El ajuste primario de los últimos años reveló un dato clave. De los cinco puntos de caída del gasto público entre 2023 y 2025, 1,3 puntos correspondieron casi exclusivamente a la paralización de obra pública. El resultado fue inmediato para el equilibrio fiscal, pero colocó interrogantes estructurales para la recuperación económica. La inversión estatal actúa tanto como estímulo coyuntural de demanda como motor de oferta futura al expandir la capacidad productiva. Su reducción genera alivio presupuestario, pero afecta el desarrollo potencial.

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