+Colonia: vecinos denuncian riesgos ambientales del megaproyecto

El ambicioso emprendimiento inmobiliario conocido como +Colonia vuelve a estar en el centro de la polémica. Un grupo de vecinos autoconvocados de la ciudad uruguaya de Colonia del Sacramento, nucleados bajo el colectivo “+ o – Colonia”, advirtió que el megaproyecto se construye sobre bases legales, ambientales y sociales cada vez más cuestionadas.

El proyecto se presentó como una “ciudad del futuro”, “HUB tecnológico” o “centro de innovación”. Lo impulsa la empresa Alas Este y se desarrolla sobre 519 hectáreas en la zona de El Calabrés, al este de la ciudad. Originalmente clasificadas como tierras rurales, se recategorizaron a “suburbanas con fines turísticos”. Una modificación que permitió avanzar en la urbanización y multiplicó por diez el valor del suelo, pasando de US$ 6 a US$ 60 el metro cuadrado. Dicha revalorización se acompañó por exoneraciones fiscales durante diez años, que otorgó por el Ministerio de Economía uruguayo en abril de 2024. Éstas incluyen la exención de IVA, impuesto a la renta, tasas aduaneras y tributos a la importación de maquinaria y materiales de construcción.

El plan prevé levantar una “nueva ciudad” con 8.000 viviendas verticales destinadas a unas 30.000 personas, duplicando la población actual de Colonia. En su discurso oficial, +Colonia se presenta como un espacio de innovación, cultura y entretenimiento. Con una gobernanza “autónoma y descentralizada” que busca diferenciarse de la estructura municipal tradicional. Sin embargo, los críticos advierten que detrás de la retórica del progreso se esconde un modelo urbano excluyente y ambientalmente insustentable.

Los vecinos sostienen que las obras afectan gravemente la costa del Río de la Plata. Al desarrollarse sobre un ecosistema considerado de “alto riesgo y vulnerabilidad climática” por estudios que realizaron en 2011 el Pnuma, el Ciedur y la propia Intendencia de Colonia. Según estos informes, la zona de El Calabrés enfrenta procesos de erosión y riesgo de inundaciones periódicas. Y éstas podrían agravarse con la impermeabilización del suelo y la destrucción del cordón dunar.

La construcción implicaría la remoción de arenas, afectando la alimentación natural de playas como Ferrando y El Calabrés. Además, se advierte sobre pérdida de flora y fauna nativas. Así como la interrupción de corredores biogeográficos y alteraciones en la dinámica costera. “Esto no es progreso: es un daño estructural a nuestro territorio”, señalan desde el colectivo ciudadano.

El modelo de ciudad propuesto genera preocupación por sus efectos sociales. Los opositores aseguran que +Colonia promueve un esquema de segregación socioespacial. Urbanizaciones cerradas, desconectadas del entramado urbano existente y orientadas a sectores de altos ingresos.

También se cuestiona la presión que el crecimiento poblacional ejercerá sobre los servicios públicos locales, como agua, electricidad, salud y recolección de residuos. Y el eventual desplazamiento de familias del asentamiento Las Malvinas, donde viven unas 3.000 personas. “No hay planificación alguna sobre cómo se integrarán 30.000 nuevos habitantes a la ciudad”, remarcan.

Organizaciones como la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y el Sindicato Único de la Construcción (Sunca) emitieron dictámenes negativos sobre el proyecto. Al igual que expertos en urbanismo y medio ambiente.

La reciente controversia financiera añadió un nuevo capítulo al conflicto. Según documentación de la Intendencia de Colonia, la empresa desarrolladora debía abonar cerca de US$ 1,9 millones en “contraprestaciones por revalorización” al gobierno departamental. Así se estableció en el contrato plan firmado entre las partes. Sin embargo, solo pagó la primera cuota, por US$ 158.574 y dejó el resto impago.

La situación la reveló el propio colectivo de vecinos, que denunció públicamente la falta de cumplimiento. Tras la difusión de un video en redes sociales, el intendente Guillermo Rodríguez convocó a representantes de +Colonia, de la Junta Departamental y de la Dirección de Planificación y Ambiente. En esa reunión, los empresarios admitieron la deuda y reconocieron no estar en condiciones de cancelarla en el corto plazo.

“Se prometen inversiones millonarias, se organizan visitas presidenciales y se lanza un gran aparato de marketing. Pero cuando llega la hora de pagar, las cuentas las termina pagando la gente”, expresó Andrés Thompson, miembro del grupo + o – Colonia.

El colectivo “+ o – Colonia” exige la suspensión inmediata de las obras hasta que se realice una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) completa e independiente. Y una audiencia pública con participación ciudadana. Asimismo, piden revisar la categorización “B” que otorgó la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, considerada insuficiente por los especialistas. Y  conformar una Comisión de Seguimiento integrada por representantes de la Junta Departamental y la sociedad civil.

“Queremos transparencia, controles efectivos y respeto por la legalidad. Este no es un proyecto de desarrollo: es un negocio privado con consecuencias públicas. Esto recién empieza. Colonia se merece un debate serio sobre su futuro, no decisiones a puertas cerradas que hipotecan nuestras costas y nuestra calidad de vida”, concluyen desde el movimiento ciudadano, que mantiene activa su campaña “Paremos el proyecto +Colonia ya” en la plataforma Change.org.