Caputo y la obra pública en disenso por la deuda

Conflicto. Economía dice que les debe $127.200 millones, pero las constructoras aseguran que son más de $400.000 millones; las firmas no quieren una salida como la de Cammesa

El lado oculto del superávit del Gobierno esconde deudas cuyos montos representan un punto de conflicto entre el Ministerio de Economía y las empresas de obra pública. Los certificados de obra sin pagar acumulan $127.200 millones, de acuerdo con Hacienda, una cifra que no llega a ser ni la mitad de lo que el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, contabilizó hace dos meses: $400.000 millones.

Obtuvo la información oficial a través de un pedido de acceso a la información pública.

Esta disputa, hasta ahora silenciosa, sienta en la misma mesa al ministro de Economía, Luis Caputo, y a las empresas constructoras más importantes del país, como Sacde, brazo constructor de Pampa Energía, el holding liderado por Marcelo Mindlin, o CPC, del Grupo Indalo, de Cristóbal López, entre otras. Y como si fuera poco, de costado ponen la oreja los gobernadores, que escuchan con especial atención, o preocupación. Veinte provincias acordaron absorber obras que eran responsabilidad del Gobierno. En el sector grafican: “Es como vender un auto usado: te lo paso, pero va con todas las multas también”.

“No solo nos frenan la obra pública, sino que tampoco nos quieren pagar lo que nos tienen que pagar”, recriminó un empresario que pidió no ser identificado. En contraposición, fuentes del Ministerio de Economía aseguraron que no quedará deuda sin pagar y que se dialoga con todos. Y a propósito de las obras transferidas a provincias, detallaron que “se conversará en cada caso”.

El 25 de junio pasado, el titular de la Camarco habló por primera vez de una presunta deuda de $400.000 millones que dice que el Gobierno tiene con las empresas por certificados de obra pública. “Tomaron la decisión de no pagar para priorizar el ajuste fiscal”, expresó en aquella oportunidad.

Cammesa 2

Además, rechazó la posibilidad de que esta situación se transforme en un “Cammesa 2”, en alusión al acuerdo que Caputo alcanzó con las generadoras eléctricas por montos pendientes de pago de la gestión anterior, a las que les ofreció bonos que vencerán en 2038.

El 12 de agosto pasado, la respuesta de Economía a sostenía: “El total de la deuda correspondiente a certificados a pagar asciende a la suma de $127.200 millones”. Es decir, una cifra que representa solo el 31,8% de lo que reclamó el titular de la Cámara Argentina de la Construcción.

En ese mismo pedido de acceso a la información pública se solicitaron los certificados de obra sin pagar de “organismos cuyo financiamiento depende del Ministerio de Economía” (Obras Públicas, Vivienda, Energía, etc.), sus fechas, el nombre de las obras que acumulaban deudas y las empresas a las que se les debe dinero. Hacienda omitió contestar esas últimas tres preguntas.

En paralelo, según la documentación del sector privado, los certificados de obra sin pagar ascendían a $498.800 millones al 30 de noviembre de 2023, antes del inicio de la gestión libertaria. Parte de esa deuda fue cancelada, ya que el sitio Presupuesto Abierto indica que se transfirieron $55.936,97 millones para cubrir gastos de capital desde organismos del ex-Ministerio de Infraestructura, actual dependencia del de Economía. Entonces, al restar lo transferido por la cartera de Caputo, el monto reclamado por las constructoras alcanzaría los $442.863,03 millones.

La situación no cambió en este gobierno, según las mismas fuentes.

Un desagregado del documento al que accedió con información del sector privado refleja que las obras hídricas son las que acumulan más deudas, seguidas por la construcción de viviendas, vialidad y obras relacionadas con escuelas. A su vez, muestra que el 65% de los certificados de obra sin pagar, es decir, $325.300 millones, todavía no tenían el visto bueno del Estado para ser pagados a fines del año pasado.

Este es un aspecto técnico crucial. Cuando un contratista avanza en el desarrollo físico de la obra, entrega al Estado certificados que lo acreditan. Funcionarios verifican tal avance y, entonces, se autoriza el pago correspondiente por el certificado de obra. Pero para pagar primero el Gobierno debe devengar ese gasto. Esto significa que reconoce el gasto y, en consecuencia, lo pagará. Caso contrario, todo lo que no sea devengado permanece “fuera del sistema” sin ningún compromiso de pago concreto. En este sentido, Presupuesto Abierto muestra que $189.068,72 millones es la cifra devengada por organismos del exMinisterio de Infraestructura. Es decir, los números continúan lejos de los $325.300 millones pendientes de devengamiento que sostiene el sector privado.

Un exfuncionario del área de infraestructura con conocimiento de estos procesos reconoció que desde que se presenta un certificado de obra hasta que se devenga pueden pasar “entre 30 y 40 días en condiciones normales”.

Desde el sector privado esgrimen que la millonaria diferencia entre lo que Weiss sostiene que el Estado les debe a las empresas y la cifra que el Ministerio de Economía respondió puede adjudicarse a la falta de devengamiento de cientos de certificados de obra.

Sin registro de pago

Esto último guarda lógica con datos que expuso el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, en la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Según un relevamiento que hizo la cartera al momento de llegar al poder, la gestión anterior dejó 1338 obras sin pagos en los últimos tres meses previos al cambio de mando. De ellas, 681 no registraban pagos en el último año.

Una de las hipótesis es que se trataría de obras cuya ejecución dependía de las provincias o municipios y, como estos no entregaban sus certificados de obra, “no había nada para pagar” desde la Nación.

El mapa de inversiones de la Secretaría de Obras Públicas aglutina todos los proyectos de vialidad, hídricos e infraestructura. Allí se puede encontrar discriminado por cada obra qué porcentaje de avance físico tiene el trabajo, qué avance financiero, su contratista y el monto total del contrato.

De este modo, surgió una manera para identificar qué obras pueden tener más deudas por certificados de obra no pagos: observar qué proyectos tienen un avance físico bastante más alto que su avance financiero. Es decir, las obras cuyo desarrollo no coincide con el dinero erogado. Esto no equivale al dato exacto, pero el desfase puede aproximarse.

Incumplimientos

Entonces, analizó una muestra compuesta por las 100 obras más caras cuya ejecución no responda a ningún convenio entre el Gobierno y otras entidades, porque las que están bajo la modalidad “convenio” no muestran qué contratistas tienen. Segundo paso: se calculó cuánta plata debería transferir el Estado a los contratistas de cada obra para que el avance financiero empate al avance físico. Tercer paso: se detectó qué obras tienen el mayor “atraso”, así como también a sus empresas e incumplimientos de plazos de finalización.

De las diez con mayor “atraso”, seis se ubican en la provincia de Buenos Aires, dos en Santa Fe, una en Córdoba y otra en Entre Ríos. Sus contratistas son Sacde, José Cartellone, Centro Construcciones, Tecnipisos, Esuco, CPC, Contrera Hermanos, Crz Construcciones, Perales Aguiar, Benito Roggio e Hijos, Decaival, Carreteras Centrales, Homaq, Constructora Dos Arroyos, Coingsa y Recaval. Entre estos proyectos se encuentran las obras en el Camino del Buen Ayre, en la ruta nacional 3, en la 18 y la 158.

Otra de las grandes incógnitas en esta controversia es cómo pagará el Gobierno esta deuda, independientemente de su monto. En ese sentido, desde el Ministerio de Economía sostuvieron que se informará oportunamente. El sector privado teme que la propuesta de Caputo sea la misma que con las generadoras de electricidad, cuando les ofreció un bono.

En ese sentido, la reglamentación de la Ley Bases dejó una sensación ambivalente en las empresas de obra pública. Por un lado, estipuló que cualquier proceso de negociación de deudas deberá “reflejar el valor actual de la obra”, lo cual es visto con buenos ojos. Pero, por otro lado, la misma normativa fijó una condición incómoda para los contratistas, que tendrían que “incluir su expresa renuncia o desistimiento a todo reclamo o acción administrativa, arbitral o judicial, entablada o a entablarse y al derecho en el que aquellas se funden o puedan fundarse respecto de las cuestiones resueltas en el acuerdo de renegociación”.

Desde el sector privado admiten que existe diálogo con las autoridades del Gobierno.

Fuente: La Nación