Acuerdo Mercosur–UE: agroexportaciones en US$ 42.000 millones
La firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) abrió un nuevo escenario para la agroindustria argentina. Con efectos relevantes sobre los derechos de exportación y, en consecuencia, sobre los niveles de producción y exportación del sector. Tras más de 25 años de negociaciones, el entendimiento que se alcanzó el viernes pasado introduce un marco de reglas comerciales más previsible y estable. En un contexto internacional atravesado por una creciente fragmentación económica y comercial. Así lo destacó un análisis conjunto de la Bolsa de Cereales y la Fundación INAI.
El acuerdo otorga al Mercosur un acceso preferencial y con mayor certidumbre al mercado europeo. A través de eliminaciones arancelarias o cupos para productos sensibles y reglas claras en materia sanitaria, técnica y comercial. Para la Argentina, esto implica una ampliación de oportunidades de exportación, en especial para la agroindustria. Además de una mejora en la previsibilidad de las políticas comerciales y un fortalecimiento de la posición del país frente a competidores internacionales.
Dentro del amplio conjunto de disciplinas que abarca el acuerdo, uno de los puntos más sensibles para el agro argentino es el referido a los derechos de exportación. La relevancia de este aspecto radica en el peso que las retenciones tienen en la estructura de incentivos del sector agrícola. Y en su impacto directo sobre los precios internos, la rentabilidad y las decisiones de inversión y producción.
En términos generales, el compromiso asumido establece que, a partir del tercer año desde la entrada en vigor del acuerdo Mercosur-UE, la Argentina no aplicará derechos de exportación a los productos destinados a la Unión Europea. Sin embargo, el esquema contempla excepciones para algunas cadenas consideradas sensibles, entre ellas la soja. Además de hidrocarburos, corcho, papel y chatarra, que quedan sujetas a topes máximos específicos.
En el caso del complejo sojero, que incluye porotos, aceite, harina, pellets y biodiésel, el acuerdo fija un sendero de reducción gradual. A partir del quinto año de vigencia, el derecho de exportación máximo se consolida en 18%. Lo que implica que no podrá superarse ese nivel en las ventas a la UE. Desde el séptimo año, ese tope comienza a descender de manera lineal hasta alcanzar 14% en el décimo año. De esta forma, una década después de la entrada en vigor, el máximo potencial de retenciones aplicable a las exportaciones de soja hacia Europa quedaría en 14%.
El análisis de los efectos del acuerdo parte de un supuesto clave. La aplicación de derechos de exportación diferenciados según el país de destino resulta poco viable en la práctica. Esto se debe a razones operativas y económicas propias del funcionamiento de las cadenas agroindustriales. Éstas se caracterizan por múltiples etapas de comercialización y una elevada integración entre actores. El impuesto lo abona formalmente el exportador al momento de concretar la venta externa. Pero su impacto económico se traslada hacia atrás en la cadena a través del precio interno.
En las primeras etapas de comercialización, como acopios, cooperativas o plantas industriales, no existe información certera sobre el destino final que tendrá cada lote de mercadería. En un mercado amplio, atomizado y geográficamente extenso como el argentino, resulta impracticable definir alícuotas diferenciadas por destino en las operaciones primarias. Por ese motivo, el análisis asume que los límites fijados por el acuerdo Mercosur-UE terminan influyendo de manera general sobre los precios internos y las decisiones productivas.
Sobre esta base, se construyen tres escenarios prospectivos para evaluar el impacto sobre la producción de cereales y oleaginosas. El escenario base supone la ausencia de eventos climáticos extremos, un crecimiento del PBI acorde a las proyecciones del FMI, un tipo de cambio real constante en torno a $ 1.500 por dólar. Y la continuidad de las retenciones actuales, incluyendo las reducciones dispuestas en diciembre, sin la aprobación del acuerdo Mercosur–UE.
El segundo escenario, denominado bajadex, asume una entrada en vigor inmediata del acuerdo. Lo que implica una reducción de los derechos de exportación de acuerdo con los topes establecidos, con la excepción de los productos de soja y biodiesel. Éstos mantienen los diferenciales actuales respecto del poroto. El tercer escenario, brechas, incorpora además la hipótesis de que un marco de mayor previsibilidad y mejores precios relativos acelera la adopción tecnológica y la difusión de buenas prácticas. Contribuyendo asi de manera gradual al cierre de brechas de productividad entre productores.
Los resultados muestran que hacia la campaña 2034/2035 la producción total de cereales y oleaginosas podría pasar de 131 millones de toneladas en 2024/2025 a 155 millones en el escenario base. Con la reducción de derechos de exportación, ese volumen se elevaría a unas 160 millones de toneladas, mientras que en un contexto de cierre de brechas tecnológicas podría alcanzar 173 millones de toneladas. En términos de crecimiento, esto implica un aumento de entre 24 y 42 millones de toneladas respecto de la situación inicial.
Este mayor nivel de producción se traduce directamente en un aumento de las exportaciones. Medidas a precios de 2025 e incluyendo tanto productos primarios como aceites y harinas, las ventas externas del complejo de cereales y oleaginosas pasarían de US$ 33.230 millones en la situación inicial a unos US$ 36.330 millones en el escenario base. Con la reducción de retenciones prevista en el acuerdo, las exportaciones podrían alcanzar alrededor de US$ 38.072 millones. Y en el escenario más dinámico, con mejoras de productividad, acercarse a los US$ 42.000 millones.
