“Privatizamos Impsa”: el gobierno avanza con las privatizaciones
Economía avanzó con la privatización de Impsa, la primera de la era Mile
“Privatizamos Impsa”.
Así anunció ayer por la mañana el ministro de Economía, Luis Caputo, el fin de un proceso que empezó hace más de ocho meses, cuando el Gobierno decidió vender las acciones de la emblemática empresa metalúrgica fundada en Mendoza por la familia Pescarmona en 1907.
A partir de ahora, la compañía estadounidense Arc Energy tendrá el control de la firma, luego de ofrecer US$27 millones por la adquisición del 85% de las acciones que estaban en manos del Estado y de la provincia de Mendoza, además de hacerse cargo de la deuda por US$576 millones que Impsa acumula con acreedores internacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La empresa mendocina, que tiene 660 empleados, se dedica a la fabricación de turbinas para centrales hidroeléctricas, grúas y reactores nucleares para abastecer a los sectores de metalurgia, generación de energía y tecnología.
“La Comisión Evaluadora de las ofertas para la venta de Impsa –integrada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) del Ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la provincia de Mendoza– resolvió recomendar la preadjudicación de las acciones de la compañía en poder del Estado Nacional y provincial al consorcio IAF, cuyo socio principal es Arc Energy”, informó la Secretaría de Industria y Comercio.
Arc Energy había presentado la única oferta para quedarse con las acciones de Impsa
Fue la compañía la que se acercó al Gobierno para iniciar la negociación por la capitalización de Impsa.
“Es el complemento ideal para nuestra unidad de negocios y la exportación de valor agregado”, dijeron en la firma, nacida en 2011 y especializada en brindar soporte operativo a la industria del petróleo y del gas. Posee inversiones en Estados Unidos, América Latina, África, Asia y Europa.
Como parte del capital accionario de Impsa, el Estado tenía el 63,7% de participación, a través del Fondep, mientras que la provincia de Mendoza era propietaria del 21,2%. El resto está en manos privadas: un 5,3% es de la familia Pescarmona y un 9,8% le pertenece a acreedores, a través de fideicomisos de garantía.
“La decisión de desprenderse de las acciones en poder del sector público se encuentra alineada con el objetivo de déficit cero del Gobierno y la no asignación de recursos federales a empresas privadas, abriendo así la posibilidad de que la empresa continúe la actividad de forma saneada en un marco de economía de mercado. La provincia de Mendoza manifestó su voluntad explícita de acompañar la decisión del gobierno federal”, agregaron en la Secretaría de Comercio.
Jason Arcenaux, CEO de ARC Energy, visitó varias veces las instalaciones de Impsa en Mendoza y recorrió su Centro de Desarrollo Tecnológico. En esas ocasiones dijo que la firma “cuenta con un capital humano de altísima formación, con una tecnología propia para equipos de generación hidroeléctrica y con certificaciones para el diseño y fabricación de componentes nucleares, que la puede convertir en un actor protagónico del sector energético mundial”. Anteayer fue recibido por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.
“Con la privatización, Impsa volverá a tener accionistas privados. Agradezco el trabajo en conjunto realizado durante estos meses con Luis Caputo, Juan Pazo y todo el equipo. El cambio de rumbo económico que lleva adelante Javier Milei y su equipo dan certezas que permiten estos avances”, escribió el gobernador en su cuenta de X (ex-Twitter).
El proceso de estatización de Impsa comenzó en 2020, durante la pandemia de Covid-19, cuando el CEO de la compañía, Juan Carlos Fernández, le envió una carta al entonces ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas para solicitarle ayuda a los fines de “garantizar la continuidad de proyectos nacionales de importancia estratégica para la Argentina”.
El ocaso de un símbolo
Los problemas financieros de la empresa, sin embargo, habían empezado mucho antes, en 2014, año en el que entró en cesación de pagos por “malos negocios”, principalmente con Venezuela.
Impsa acumulaba un pasivo superior a los US$1000 millones, que finalmente redujo a menos de la mitad, después de llevar adelante un plan para restablecer operaciones.
Durante 2018, el empresario Enrique Menotti Pescarmona, de 78 años, tuvo que dar un paso al costado de la compañía que había fundado su abuelo en 1907 y que fue un símbolo de la industria argentina durante un siglo.
En diciembre de 2020, el gobierno de Alberto Fernández confirmó que la empresa había ingresado en el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (Paeerp) y que, por lo tanto, el Estado iba a pagar durante cuatro meses el 75% de los salarios de los trabajadores. En mayo de 2021, finalmente, se anunció que el Estado invertiría US$15 millones y se quedaría con el 63,7% de la firma, mientras que Mendoza aportaba US$5 millones e ingresaba con una participación del 21,2%.
Pese a ese salvataje, la empresa nunca logró mejorar su balance. Según la cartera que conduce Luis Caputo, Impsa generaba una pérdida mensual de US$5 millones, además de la deuda con sus acreedores internacionales, equivalente a US$576 millones.
Los problemas financieros de la empresa habían empezado en 2014
Según el Ministerio de Economía, la firma perdía US$5 millones por mes
Fuente: La Nación
