La evasión fiscal en la cadena agroindustrial del trigo alcanza los $ 270.000 millones

La evasión fiscal en la cadena de la agroindustria del trigo alcanzó el año pasado los $ 269.020 millones.

Así lo indicó la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM).

Durante el 2024, la molienda de trigo pan en Argentina alcanzó las 6.248.266 toneladas, lo que representa una caída del 0,44% respecto al año anterior.

Esta cantidad significó el 39,4% de la producción total de este cereal en la campaña 2023-2024.

Así se estima una producción de 4,686 millones de toneladas de harina y 1,562 millones de toneladas de afrecho.

Con un coeficiente de conversión de 0,75 toneladas de harina por tonelada de trigo.

“Uno de los principales problemas que enfrenta la economía argentina es la informalidad”.

Destacó que ésa informalidad “genera distorsiones en los mercados y fomenta la competencia desleal”.

Además, “tiene un fuerte impacto social negativo al afectar la estabilidad laboral y el acceso a los sistemas de salud y previsional.”

A nivel fiscal, “la informalidad también provoca pérdidas millonarias que podrían destinarse a áreas clave como educación, salud, seguridad e infraestructura”.

Como señaló un estudio reciente, se estima que un millón de toneladas de trigo se comercializan informalmente.

Esto impacta directamente en la industria molinera y en los sectores que dependen de sus productos.

Se utilizó como referencia el precio FAS Teórico que publica la Secretaría de Agricultura y los valores de mercado para la harina y el afrecho.

En la primera semana de febrero de 2025, la molienda total de trigo representó compras por $ 1,246 billones.

Con una producción de harina valuada en $ 1,781 billones y afrecho en $ 217.100.

Así, el valor agregado generado por la industria molinera se estima en $ 1,998 billones, multiplicando por 1,6 el valor del trigo.

El millón de toneladas de trigo que se comercializan informalmente equivale a $ 199.400 millones.

Transformándose en $ 285.000 millones en harina y $ 34.750 millones en afrecho.

Esto implica que el 13,8% de la producción de harina y afrecho en Argentina se realiza en la informalidad.

Para calcular la evasión fiscal, se consideraron impuestos como el IVA, Ganancias, Débito y Créditos Bancarios, e Ingresos Brutos.

La evasión fiscal estimada por el millón de toneladas de trigo no declarado asciende a $ 28.485 millones de pesos.

Estos se distribuyen en $ 13.129 millones (46,1%) por la venta del cereal y $ 15.357 millones (53,9%) por de harina y afrecho.

El tributo con mayor pérdida de recaudación es el Impuesto a las Ganancias con $ 10.356 millones (36,4% del total).

Le siguen Ingresos Brutos con $ 6.292 millones, IVA con $ 5.608 millones y débito y crédito bancario con $ 6.230 millones.

La harina producida informalmente se destina mayormente a la fabricación de panificados (83%) y pastas (17%).

Considerando los precios de referencia, la evasión fiscal en esta etapa alcanza los $ 240.500 millones.

Las principales pérdidas fiscales son  IVA por $ 102.960 millones, Ganancias por $ 68.930 millones,  créditos y débitos bancarios por $ 30.510 millones  e Ingresos Brutos por $ 38.130 millones.

Si la comercialización fuera minorista, la evasión podría llegar a $ 127.110 millones en Ingresos Brutos.

Así, la evasión fiscal total desde la venta de trigo hasta la comercialización de productos farináceos finales alcanza los $ 269.020 millones a valores de febrero de 2024.

De este monto, el 40,4% corresponde al IVA, el 29,5% a Ganancias, el 16,5% a Ingresos Brutos y el 13,7% a Débito y Créditos Bancarios.

La pérdida de recursos fiscales podría destinarse a 282.400 tarjetas Alimentar o 238.400 asignaciones universales por hijo durante un año.

A nivel provincial, en Buenos Aires, la evasión en Ingresos Brutos equivale al salario anual de 76.130 docentes o 50.600 residentes médicos de primer año.

El perjuicio económico y fiscal de la informalidad afecta a empresarios formales, distorsiona el mercado y provoca la pérdida de puestos de trabajo.

Además, impacta negativamente en la recaudación fiscal nacional, provincial y municipal, limitando el financiamiento de políticas públicas esenciales.

“Por ello, se vuelve fundamental implementar medidas que reduzcan la informalidad en el sector y promuevan la transparencia en la cadena productiva del trigo”, concluyó la FAIM.