Procesan a Belliboni por fraude

El juez federal Sebastián Casanello procesó ayer al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Casanello señaló que hay pruebas suficientes para sostener que desvió fondos recibidos por la Asociación Polo Obrero en el marco del plan Potenciar Trabajo y que los destinó, al menos en parte, a financiar política partidaria.

Lo hizo, según el juez, mediante la presentación al Estado de facturas falsas y el uso de empresas fantasma. El magistrado sostuvo que esas compañías no tenían actividad real y no eran más que una “caja partidaria” usada para “dibujar” gastos y canalizar fondos.

El juez federal Sebastián Casanello procesó ayer al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado: señaló que hay pruebas suficientes para sostener que desvió fondos recibidos por la Asociación Polo Obrero en el marco del plan Potenciar Trabajo y que los destinó, al menos en parte, a financiar activid

Facturas falsas y el uso de empresas fantasma

Lo hizo, según el juez, mediante la presentación al Estado de facturas falsas y el uso de empresas fantasma; sobre todo, Rumbos, que en teoría era proveedora de la Asociación Polo Obrero, pero en la práctica no tenía actividad real y no era más que una “caja partidaria” usada para “dibujar” gastos y canalizar fondos, de acuerdo con el fallo.

Casanello advirtió que Rumbos no solo emitió facturas apócrifas, sino que, además, su cuenta bancaria se usó para depositar recaudaciones de “cápitas”, aportes obligatorios que debían hacer los beneficiarios de los planes para no perder la ayuda estatal, según declararon tres testigos y tres “arrepentidos”.

“Amenazas coactivas” es el otro delito que se investiga en este expediente. No solo por estas presuntas cápitas: el juez consideró probado además que la Asociación Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor -vinculada a ella-, en lugar de controlar el cumplimiento de las actividades que debían hacer los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, les exigían que fueran a las marchas como requisito para no perder el plan.

Por eso, a juicio de Casanello, no solo existió un “desvío” de fondos, sino también un “aprovechamiento de la posición de poder” que tenían los dirigentes que debían acreditar que se cumpliera la contraprestación del Potencial Trabajo y, en cambio, obligaban a los beneficiarios a una militancia partidaria.

“El desvío de los fondos no fue inocente ni accidental, sino planificado y dirigido hacia una finalidad en particular: financiar la actividad político-partidaria de la agrupación”, escribió.

Según informaron en la Justicia Federal, se encontraron irregularidades en aproximadamente el 25% de lo facturado por el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor en 2023.

El fallo sobre Belliboni incluye también el procesamiento de otras 17 personas. Algunas, acusadas de defraudación -con diferentes responsabilidades-; otras, de “amenazas coactivas”.

A Belliboni, procesado por el primero de estos delitos (que prevé una pena de entre dos y seis años de prisión) se lo embargó por $390.000.000, suma equivalente al monto de la facturación presuntamente ilegal.

En diálogo, Belliboni dijo que este fallo “sigue una línea de persecución política” de la que es víctima el movimiento piquetero y adelantó que lo apelará ante la Cámara Federal. El líder de Polo Obrero cuestionó que los procesamientos se hubieran dictado el primer día después de la feria, pese a que él había pedido ampliar su indagatoria, y dijo que presentó pruebas que demuestran que quienes cobraban el Potenciar Trabajo a través de la asociación sí cumplían tareas.

En el mismo fallo, el juez ordenó medidas de prueba para determinar si de la presunta estafa al Estado participaron también funcionarios públicos; entre ellos, Emilio Pérsico, que durante el gobierno de Alberto Fernández estaba al frente de la Secretaría de Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, presentó durante la feria judicial un dictamen pidiendo las indagatorias de Pérsico y otros siete exfuncionarios del ministerio. Consideró que fueron parte de una “matriz de corrupción”.

Polo Obrero

El fiscal entendió que los imputados del Polo Obrero no intentaron engañar a los funcionarios del exministerio de Desarrollo Social, sino que unos y otros actuaron en forma coordinada. Es decir, que existió un “acuerdo venal” para favorecer al Polo Obrero en perjuicio del Estado. Para Casanello, antes de disponer nuevas indagatorias es necesario “profundizar” la investigación para determinar si hay evidencias de la sospecha del fiscal de que existió “dolo” de parte de los funcionarios que debían controlar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el plan Potenciar Trabajo y no lo hicieron porque querían favorecer al Polo Obrero.

Entre otras medidas, Casanello ordenó entonces citar a testigos que conocieron los expedientes y, como en principio no había “identidad partidaria” entre Pérsico y Belliboni, dispuso otras medidas para determinar el posible móvil que habrían tenido los exfuncionarios para favorecer intencionalmente al Polo Obrero.

Pidió, por ejemplo, el registro de visitas de los exfuncionarios y el back up de sus correos electrónicos. La lista de quienes fueron procesados hoy incluye, como autores de la supuesta administración fraudulenta contra el Estado -además de a Belliboni-, a Mariano Alejandro Centanni, Érica Tamara Lubenfeld y Ezequiel Adrían Coego. María Isolda Dotti también fue procesada como autora del mismo delito y, además, por amenazas coactivas. Otros dirigentes, como Jeremías Cantero (que era el segundo de Belliboni en el Polo Obrero), fueron procesados como partícipes -no autoresde la supuesta defraudación. Entre los procesados por amenazas coactivas están Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia. Ellas no estaban ligadas al Polo Obrero, sino a Barrios de Pié.

Citaciones

En esta causa fueron citadas a indagatoria, además, cinco personas vinculadas al comedor Kuña Guapa, gestionado por la Cooperativa Agustín Tosco y el Frente de Organizaciones en Lucha. A las cinco se les dictó la “falta de mérito”. Ni en las rendiciones de Barrios de Pie ni en las del FOL aparecieron facturas falsas. Y en el caso del FOL el juez advirtió que se pudo constatar la efectiva “puesta en práctica de actividades socioformativas y productivas en el marco del plan Potenciar Trabajo” y dijo que este “cumplimiento real de actividades marca una diferencia notoria con el caso del Polo Obrero”.

En cuanto a esta asociación, para los investigadores fueron determinantes en materia probatoria, además de todo lo documental, las declaraciones de los tres “arrepentidos”, que habían sido citados a indagatoria como acusados de amenazas y extorsión y, previo acuerdo con el fiscal, confesaron que forzaban a los beneficiarios de los planes a aportar “cápitas” del 2% de lo que recibían por el plan y que controlaban que fueran a las marchas como requisito para no dejar de cobrar.

La causa se inició el 20 de diciembre de 2023 con una denuncia del Ministerio de Seguridad basada en llamadas anónimas recibidas en la línea telefónica 134 de supuestos beneficiarios del planes sociales que decían que los obligaban movilizarse. En principio, se trataba de un caso de amenazas y coacción. Cuando el juzgado analizó cómo funcionaba el plan Potenciar Trabajo, la investigación se amplió: aparecieron pruebas de una presunta defraudación al Estado. Básicamente, facturas falsas con las que el Polo Obrero habría “dibujado” gastos.

“Una parte significativa del dinero transferido por el Estado [al Polo Obrero] fue utilizado para financiar gastos electorales y de campaña, así como también solventar los gastos de funcionamiento del Polo y el Partido Obrero. Se priorizó la obtención de un beneficio particularizado, dejando a un lado las obligaciones asumidas al celebrar los convenios bajo estudio”, dijo el juez. Para eso se habría valido, sobre todo, de Rumbos.

Sin capacidad para explicar los fondos millonarios

El juez sostuvo que es una sociedad sin actividad real, que no tiene una sede de funcionamiento ni capacidad técnica para explicar los fondos millonarios facturados. El domicilio fiscal -relata el fallo- era la casa de dos referentes del Partido Obrero, que dijeron que desconocían Rumbos. En el allanamiento que se hizo en el lugar no se encontró nada relacionado con la supuesta actividad de la empresa, y cuando empezó el operativo, se presentó allí Fernando Ramal, hijo de Macero Ramal, legislador porteño y referente del Partido Obrero. En el otro domicilio, el comercial, no había imprentas. “Se asentaban la sede legal del Partido Obrero y las oficinas de Prensa Obrera, dice la resolución del juez. “Rumbos era en definitiva su caja y no un auténtico proveedor”, afirmó Casanello.

Belliboni negó rotundamente que esto fuera así. Dijo que Rumbos es una empresa que existe desde hace 40 años, que estuvo incluso en la Feria del Libro y que les imprimió gran cantidad de folletos, que ellos exhibieron ante las autoridades. Se quejó además de que este procesamiento se haya dictado cuando ellos están cuestionando el allanamiento al lugar donde funciona el local central del Partido Obrero (inmueble allanado porque está declarado como sede de Rumbos).

En los próximos días, Belliboni y el resto de los procesados apelarán el fallo de Casanello. Será entonces la Cámara Federal la que decida si confirma lo resuelto ayer.