El oficialismo envía señales contradictorias al PRO y dialoguistas, mientras se espera el veto a la ley de jubilaciones
El juego de especulaciones en torno del veto presidencial a la ley que modifica el mecanismo de movilidad jubilatoria va desde una señal dura y cerrada de Javier Milei hasta la posibilidad de acompañar la decisión con negociaciones sobre un nuevo proyecto o un decreto que mejoren en parte los haberes. Pero esas versiones circulan en el marco de gestos contradictorios hacia el PRO, junto a interrogantes sobre la posible reapertura de tratativas con gobernadores de espacios dialoguistas.
Vocero del oficialismo ratifican casi a diario la decisión del veto total. Ese anuncio sigue siendo pulido, por razones más políticas que técnicas. Según se deja trascender, no se trataría de una medida aislada, sino que se intentaría rodearla de un discurso y alguna jugada que achique los costos de imagen y muestre alguna alternativa.
En esa línea, ya desde el tratamiento del tema en el Senado -que operó como segunda cámara luego de la aprobación en Diputados-, circulaba la posibilidad de contemplar la recomposición del 8 por ciento de los haberes, para atender la pérdida generada en el empalme entre la vieja ley y el decreto presidencial.
En cualquier caso, el oficialismo debería desactivar la posibilidad de que el Congreso insista con la sanción de la ley jubilatoria, para la cual requiere mayoría especial de dos tercios en cada cámara. Y para lograrlo, necesitaría apurar una negociación con aliados y sectores dialoguistas.
En ese contexto, resultan llamativos los intentos para reordenar la tropa propia de LLA, en Diputados, y las señales contradictorias en la relación con su principal aliado, el PRO, además de los contactos para desarmar el clima de malestar en los bloques dialoguistas y entre jefes provinciales.
Luego de la segunda reunión en pocos días entre Milei y Mauricio Macri, trascendió que el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert -cercano a Santiago Caputo-, habría desplazado a dos integrantes de su área que fueron señalados por intentar acceder a información de causas que involucran a la gestión del expresidente por denuncias vinculadas a ex servicios de inteligencia.
En paralelo, siguen las tensiones con foco en las demandas de la Ciudad de Buenos Aires por el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema sobre fondos de coparticipación podados durante el gobierno de Alberto Fernández. Y a eso se suma la decisión de quitarle subsidios de la Nación al transporte de colectivos local.
