Con su interna desatada, el oficialismo suma complicaciones en el Congreso: del manejo de una bicameral clave al pliego de Lijo
La interna libertaria, opacada en las últimas semanas por el escándalo que protagoniza Alberto Fernández, volvió a quedar en evidencia en las últimas horas. Y el escenario en el que escala más claramente la tensión oficialista está en el Congreso, donde el Gobierno sumó una derrota política. Por sus propias diferencias y desajustes con sus aliados del PRO, y a raíz de un acuerdo entre el kirchnerismo y la UCR, el senador radical Martín Lousteau -titular del partido a nivel nacional- se quedó con la presidencia de la sensible comisión bicameral de Inteligencia.
Mientras tanto, todas las miradas se posan sobre el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema, resistido incluso en las filas oficialistas, empezando por la propia vicepresidenta Victoria Villarruel, en tanto que un sector de la oposición dialoguista denuncia -y eventualmente buscaría dejar en evidencia- un posible pacto entre el Ejecutivo y el peronismo kirchnerista.
La bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia es un organismo clave de control sobre el Ejecutivo. La UCR y Unión por la Patria aprovecharon no solo la interna oficialista, sino la falta de acuerdo entre el oficialismo y sus aliados. Los candidatos en la pelea con Lousteau para presidir la bicameral eran el senador Edgardo Kueider (del peronismo no kirchnerista de Unidad Federal), que era promovido por Santiago Caputo y Karina Milei, y el senador Martín Goerling (PRO), que tenía el apoyo tanto de Villarruel como de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.
“Estas comisiones no deben ser un instrumento más del oficialismo, porque estamos viendo, no solamente lo que ha pasado con los servicios de inteligencia en los últimos años, sino que últimamente hay indicios lo suficientemente fuertes de que están siendo utilizados para perseguir periodistas, para hacer campaña, para perseguir opositores y entonces me parece importante controlar eso”, dijo Lousteau ayer.
El revés para el Gobierno se da cuando todavía está bajo disputa el decreto 656 con el que Javier Milei amplió en 100 mil millones de pesos el presupuesto para los fondos reservados de la relanzada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). De hecho, este miércoles, parte de la oposición dialoguista y el kirchnerismo intentaría sesionar en Diputados para intentar derogarlo.
Pero la atención también seguirá puesta este miércoles en el Senado. Lijo deberá presentarse en la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, donde deberá defender su nominación y responder las preguntas que le quieran realizar los legisladores. Ayer, el tema volvió a sacar chispas dentro del oficialismo.
«Mi opinión sobre Lijo es pública. No estoy de acuerdo con su candidatura. Es un juez controversial que no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», lanzó Villarruel en un almuerzo en el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires. “Está reemplazando la banca de una mujer. Me hubiera gustado que ese lugar lo ocupará una mujer, y lo dice alguien que no es feminista, sino desde un lugar de justicia”, agregó la vicepresidenta.
Horas antes, un senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, había lanzado durísimas críticas contra la propuesta del propio Ejecutivo para llevar a Lijo al máximo tribunal del país. Por otra parte, legisladores de bloques intermedios y hasta del PRO sugieren que el pliego difícilmente pueda ser avalado por el Congreso si no existe un pacto entre el Gobierno y el kirchnerismo. Será en todo caso un desafío para el oficialismo despegarse, eventualmente, de esa lectura política.
